En la Villa de Paterna de Rivera, siendo las veinte horas del día diez y ocho de febrero de mil novecientos treinta y dos; previa convocatoria hecha en forma reglamentaria, se reúnen en el salón de actos de la Casa Consistorial los señores que forman el Ayuntamiento con el fin de celebrar esta sesión ordinaria y publica de primera convocatoria y siendo la hora señalada por el Sr. Alcalde se declara abierta y aprobada que fue el asunto [sic] de la anterior se tomaron a continuación los siguientes acuerdos:
Primero.- Se acuerda prestar debido cumplimiento a las disposiciones que contienen los Boletines Oficiales de la semana anterior.
Segundo.- El Ayuntamiento dictará la incompatibilidad del Concejal Don José González de la Vega por estar incluido en el alistamiento el mozo Lorenzo González Martínez, sobrino carnal del referido Concejal.
Tercero.- El Ayuntamiento oyó la lectura de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Diputaciones celebrada en Burgos sobre el Estatuto Catalán, acordándose que se reparta un ejemplar de estas conclusiones a cada Concejal y que luego de estudiados se emita opinión y acta se manifieste a la Diputación.[1]
Cuarto.- El Ayuntamiento conoció de los escritos que presentan Doña Isabel Pérez Gago, Don José Noble Montiel y Don Manuel Corchado Gordillo, sobre rectificación de las mojoneras fijadas en sus respectivas propiedades con motivo del deslinde general efectuado por acuerdo anterior, y se acuerda por unanimidad que no habiéndose presentado documento acreditativo alguno del derecho que alegan, deben presentar, para discutir y tener en cuenta lo que dicen los títulos de propiedad sobre los terrenos que dicen, sin perjuicio que el plazo de reclamaciones ha expirado, y que se reintegre en forma legal los documentos presentados por el Sr. Colón Gordillo y por el Sr. Noble Montiel.
Quinto.- El Ayuntamiento conoció de un escrito de la Asociación Campesina Cultural sobre un asunto de trabajo surgido entre la Sociedad dicha y el patrono Don José Cebada Gago, acordándose delegar en la presidencia para que sirva de árbitro y ver de resolver las discrepancias que existen a satisfacción de todos.[2]
No habiendo más asuntos de que tratar, se levantó la sesión, siendo las veinticuatro horas, firmando la presente acta los señores asistentes todos conmigo el Secretario que de todo certifica.
Aparecen las firmas de Francisco Coca, Luís Pérez, Gonzalo Cote, Manuel Benítez, José Montero, Ramón Dávila, Juan Colón, Bernardo Peña y Antonio Jiménez. Faltan: Antonio Traverso y José González. Secretario: Federico Villagrán.
Notas:
(1) En un movimiento sin precedentes, el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos convocaron una gran asamblea nacional a la que fueron invitadas todas las corporaciones del país antes de que el texto del Estatuto de Cataluña se debatiera en la Cortes Generales. En las cartas que ambas instituciones burgalesas remitieron a sus homónimas del resto de provincias, se podía leer que en la cita a la que se instaba a participar se esperaba la exposición «del sentir de la Nación sobre cuestión tan interesante y vital para la Patria. (...) Cuán funesta puede ser para España la aprobación del Estatuto de Cataluña, tal como lo ha proyectado la Generalitat, que se ha aprobado unánimemente la idea de que no podíamos permanecer inactivos en momentos tan críticos como los actuales y que era preciso que alguien tomase la iniciativa para tocar a rebato y reunir a cuantos españoles estimen un peligro no grave, sino pavoroso, que el Estatuto catalán llegue a aprobarse por las Cortes». La respuesta fue realmente impresionante: cientos de representantes de corporaciones y entidades económicas del país se reunieron durante los días 16 y 17 de enero para debatir, con encendidas y sesudas intervenciones, la cuestión. Se intentó que en ningún momento se viera aquella gran asamblea como un movimiento anticatalanista, procurando que el tono cordial y fraterno para con esta región imperara de principio a fin. Pero las conclusiones aprobadas no dejaban lugar a dudas desde el primer punto, que rezaba así: «El proyecto de Estatuto Catalán, tal como ha sido redactado y presentado a las Cortes, es inadmisible entre otras consideraciones por las siguientes: porque tiende a la desmembración política de España con una creación de un Estado autónomo; porque las generaciones nuevas educadas en Cataluña se formarán espiritualmente en pleno divorcio con la gran cultura española; porque las atribuciones del poder de la República quedan reducidas a un mínimo inaceptable, en tanto que las de la Generalitat se multiplican, alcanzando a cuanto hay de más esencial para la vida del país; porque la política y el orden interiores han de estar exclusivamente a cargo del Estado español, no siendo tampoco admisible que la Generalitat pueda disponer a su arbitrio del Ejército patrio; porque la Hacienda española no permite la desarticulación económica patria y menos asentándola, como en el proyecto de Estatuto se hace, sobre bases carentes en absoluto de equidad, con enorme perjuicio para el resto de las provincias de régimen común». En un segundo punto, los participantes en la asamblea subrayaban la necesidad de que el proyecto de Estatuto «sea profusamente divulgado para que España -que apenas lo conoce- pueda percatarse de su trascendental importancia; asimismo, se apuntaba en tercer lugar la conveniencia de que todas las provincias de España «expresen por el medio que consideren más perfecto y rápido la opinión de sus habitantes sobre el proyecto, encareciendo a sus representantes en Cortes a que se hagan eco ante el Parlamento de aquella opinión». Por último, se recogía que cualquier proyecto de Estatuto que lograse ser aprobado en el Parlamento «deberá contener una cláusula de obligada revisión al transcurrir los cinco años desde que fue promulgado». A la conclusión de la asamblea, las autoridades burgalesas se dirigían a la ciudadanía en estos términos: «Burgos ha cumplido con el deber que su historia y su espíritu le marcaban. Que cumplan los demás el suyo y España se librará del fantasma que le amenaza». No fue hasta el mes de mayo cuando se debatió el Estatut en las Cortes Generales. El día 10 de junio se aprobó el artículo primero: «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español con arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto. Su organismo representativo es la Generalidad y su territorio el que formaban las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona». En semanas sucesivas, el resto. El Estatut entró en vigor en septiembre de 1932. Sería derogado en 1938, tras la ocupación de Cataluña por las tropas rebeldes en el transcurso de la Guerra Civil.
(Fuente: “DIARIO DE BURGOS”, del domingo 24 de enero de 2016. “El anti independentismo burgalés”, R. Pérez Barredo.
(2) “… Uno de sus principales propietarios [de Paterna], José Cebada Gago, tenía arrendada la finca “Los Arquillos”. En mayo, con motivo de la huelga contra las deportaciones de cenetistas decretadas por el gobierno republicano, puso impedimentos a sus trabajadores para que la secundaran. Poco después, la presentación de las bases de trabajo de la recogida de la cosecha, en lo referente a la organización del trabajo y el empleo de maquinaria, ahondaron las diferencias entre Cebada y la CNT paternera. Como en otras ocasiones fue declarado el boicot contra el patrón, que se extendió a los comercios. Quienes no se sumaron a él comenzaron a ser conocidos como <palomos>. Una circunstancia que se ha conservado en la memoria del pueblo hasta hoy a través de diversos hechos ocurridos a lo largo de esos meses. ...” Fuente: “Casas Viejas: del crimen a la esperanza”, p. 36, José Luis Gutiérrez Molina, Almuzara, 2008.
Reproducción fotográfica (Fuente: Archivo Municipal de Paterna de Rivera):
SITUACIÓN RELIGIOSA LOCAL:
Transcribo literalmente, ya que no se me permitía fotografiar los documentos, una nota encontrada al final del LIBRO DE BAUTISMOS, n.º 26, de 1894 a 1906, del Archivo Parroquial, escrita de puño y letra, que, dada la fecha anotada, podría haberlo sido por el Cura párroco Don Manuel Barberá Saborido:
“ El día 14 de febrero de 1932 falleció el Ilmo. Sr. Dr. Don Marcial López Criado Obispo de esta Diócesis. En este mismo año tras la separación de la Iglesia y el Estado, expulsión de los Jesuitas y supresión de la dotación del Culto y Clero. La Iglesia sufre una horrible persecución artera y solapada.”
El alcalde de San Fernando, Don Manuel Gómez Rodríguez, despide al obispo López Criado en el límite de término de río Arillo, a la espera de la llegada de la comitiva de bienvenida de Cádiz. Fuente: “Diario de Cádiz”, sobre el 10 de noviembre de 1918.
¿DE QUÉ SE HABLABA ESTE DÍA?
La República no sólo tiene que defenderse de los ataques de la poderosa facción conservadora de la antigua oligarquía (Iglesia, terratenientes, banca, empresariado industrial), sino de una parte importante de la clase obrera, que opta por soluciones revolucionarias. Los anarquistas, organizados en la Federación Anarquista Ibérica (FAI) desde 1927 y el sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT), promueven huelgas y desórdenes. El 6 de julio de 1931 organizan una huelga de la Telefónica que se extiende a huelga general en Sevilla y a otros conflictos localizados. Los metalúrgicos de Barcelona se mantienen en huelga todo agosto. Los mineros asturianos reclaman jornadas de siete horas.
Madrid. Un grupo de guardias de asalto sostiene una pancarta reivindicativa durante la huelga. Foto Díaz Casariego. Fuente: “LA MIRADA DEL TIEMPO: la Segunda República”, p. 61, 2006. El País y Archivo Fotográfico EFE. Juan Eslava Galán.
Fuente:“LA TIERRA: economía, agricultura, política”, núm. 362, p. 1, del jueves 18 de febrero de 1932.
DETALLE DE PUBLICIDAD:
Fuente: “LA TIERRA: economía, agricultura, política”, núm. 362, p. 2, del jueves 18 de febrero de 1932.
Fuente: “LA TIERRA: economía, agricultura, política”, núm. 362, p. 2, del jueves 18 de febrero de 1932.
- PRÓXIMA ENTRADA: sesión del 24 de febrero de 1932, a las 20:00 h.
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